Introducción

Para poder comprender bien el tema de la Okupación, es necesario remontarnos a los inicios de esta y conocer cómo surgió este movimiento.

La Okupación es un movimiento social que defiende la ocupación de viviendas o locales deshabitados ya sea de forma temporal o permanente, con el fin de utilizarlos como viviendas propias, lugares de reunión o centros con fines sociales, políticos, culturales… La principal razón de este movimiento es denunciar y protestar ante las dificultades económicas, el derecho que todos tenemos a la propiedad privada y a tener una vivienda.

Símbolo okupa

El movimiento okupa va asociado a una serie de ideologías que suelen justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social, además del fin de defender sus derechos.

La Okupación también defiende el aprovechamiento de solares, inmuebles y edificios abandonados para su uso como espacio público.

La palabra okupa proviene del sustantivo ocupante, cuyo significado no tiene la connotación que encontramos en okupa. La ocupación de viviendas y residencias privadas ha existido siempre y en España llega al auge en los 60 y 70 debido al éxodo rural que ocurre en estos años. 

La legislación sobre la okupación varía según el país, en España, hasta la promulgación del nuevo código penal a finales de 1996 no había una figura legal que penalizase la ocupación de lugares abandonados. Esta había disfrutado de más tolerancia en las décadas anteriores para poder resolver el traslado de la gente del campo a las ciudades. De esta forma en los primeros años democráticos en España fueron legalizadas miles de ocupaciones ilegales de propiedad del Estado.

Hasta el año 1996 lo que ocurría era que el propietario de la casa okupada denunciaba a los inquilinos ilegales aclamando la imposibilidad de utilizar su propiedad, esto constituía una coacción. Después de esto, se habría un proceso judicial generalmente largo que solía acabar con el desalojo de los inquilinos.

Sin embargo, hubo otros casos en los que los jueces daban la razón a los inquilinos ilegales, según por los años que llevaba abandonado el edificio okupado.

Aunque la mayoría de casos acababan con el desalojo de los okupas, la lentitud del proceso civil se daba con frecuencia, esto unido al incremento del coste de viviendas hizo que las ocupaciones crecieran en gran medida en los años 90.

El nuevo código penal fue aprobado en 1996 y pretendía restringir las ocupaciones, clasificándolas como delito de usurpación. El que fuera considerado como un delito aceleraba de forma exponencial el proceso de desalojo, además este se realizaba sin avisar previamente a los okupas.

A veces se ha recurrido a las denuncias n  o solo por usurpación sino además por otros delitos como desórdenes públicos, allanamientos de morada o robo.

Las escasas condenas que se han dado por ocupación han sido por la resistencia a la autoridad durante los desalojos.  

En algunos casos, los centros sociales han negociado su situación con las instituciones para tener que pagar un alquiler bajo o incluso declarar el edificio como lugar de interés social o cultural, destacan los casos de Eskalera Karaola, Centro Social Seco y la escuela de La Prospe.

Barcelona sirve de ejemplo como defensora de la ocupación, manteniendo una red de centros sociales y casas okupadas.

Vivienda okupada